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AÑO
X, Abril 14 a 28 de 1999
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NO PUEDEN TOLERARSE LOS SECUESTROSLa reiterada práctica de las organizaciones armadas de oposición de realizar pescas milagrosas en las carreteras pareciera haberse trasladado al espacio aéreo. La masividad de los secuestros cometidos por las guerrillas, a más de su carácter indiscriminado, viola flagrantemente toda disposición del Derecho Internacional Humanitario. Aparte de ser una infracción a lo establecido en la Convención Internacional que prohibe la toma de rehenes, el secuestro o retención transitoria de personas civiles ajenas al conflicto armado, no es una demostración de fuerza para obligar a las Partes a sentarse en la mesa de diálogo, sino un acto que merece el rechazo tanto de la comunidad de derechos humanos, como de la sociedad en general. Esperamos, como la mayoría de la opinión, que los hechos ocurridos el 12 de abril en Bucaramanga no signifiquen la pérdida de más vidas humanas y que las personas secuestradas sean puestas de inmediato en libertad y su integridad física y psicológica sea garantizada por los responsables del hecho. |
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POLEMICA POR DECLARACIONES DE ESTADOS UNIDOSAparte de la destitución de dos generales acusados de paramilitarismo que causó revuelo entre la opinión pública nacional, las declaraciones del subsecretario de Estado para asuntos de Derechos Humanos de Estados Unidos, Harold Koh, provocaron una mayor polémica entre sectores gubernamentales y de la Fuerzas Armadas. En su intervención en un Foro sobre el tema organizado por la Embajada de ese país y dos medios masivos de comunicación realizado en Medellín el pasado fin de semana, Koh celebró la destitución pero la consideró sólo como un primer paso del Gobierno colombiano en su lucha para eliminar toda relación de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares. Koh deploró la ultrajante y temeraria acción de Carlos Castaño de describir a los defensores (de DH) como guerrilleros encubiertos y legítimos blanco de ataque. Así mismo subrayó que las ONG de DH deben tener el derecho a hablar libremente sobre las condiciones del país, sin miedo a las represalias. Koh también pidió el enjuiciamiento de los guerrilleros de las FARC (responsables materiales e intelectuales) del asesinato de los tres norteamericanos defensores de los indígenas U´wa. Sectores castrenses y el mismo ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, se declararon en contra de las declaraciones de Koh frente a las Fuerzas Armadas por considerar erradas las fuentes de información del Gobierno de Estados Unidos. La Cancillería emitió un comunicado en el que considera que el funcionario norteamericano equiparó al Ejército colombiano con los demás actores armados ilegales. Por su parte, analistas sobre el tema calificaron las declaraciones de Kohn como un avance y un llamado de urgencia para enfrentar la dura crisis de la situación de los DH en Colombia. DESTITUIDOS DOS MILITARES ACUSADOS POR PARAMILITARISMOEntre tanto, el llamado del presidente Pastrana a calificar servicios a los brigadieres generales, Rito Alejo del Río, comandante operativo del Ejército, y Fernando Millán, director de la Escuela Superior de Guerra, fue considerado como un espaldarazo gubernamental a las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía contra estos militares acusados de patrocinar y proteger la acción de los grupos paramilitares. Además, es un hecho sin precedentes pues este tipo de destitución sólo se había producido en el caso de los uniformados de la Fuerza Aérea vinculados con un cargamento de narcóticos que fue descubierto dentro de un avión militar el año anterior. Como lo ha informado repetidamente Actualidad Colombiana (ver ediciones 245 y 246), estos altos mandos militares han sido vinculados a investigaciones por patrocinar grupos paramilitares. Del Río fue llamado a declarar por sus presuntos vínculos con estas agrupaciones en la región de Urabá entre 1994 y 1997, período de consolidación de la organización paramilitar en la región, cuando se desempeñó como comandante de la XVII Brigada con sede en Carepa (Antioquia). Por su parte, Millán es investigado por las declaraciones de varios miembros de una cooperativa Convivir que operaba en Lebrija (Santander), quienes al ser detenidos lo acusaron de proveer apoyo y señalar misiones específicas contra la guerrilla y grupos de delincuencia común. El proceso contra Millán había generado una fuerte polémica por la decisión de la Corte Constitucional de transferir el proceso judicial a la justicia penal militar, en contra de los reclamos de la Fiscalía General de la Nación. OTRO MILITAR ACUSADO POR OMISION EN MASACRE PARAMILITARPor su parte, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso judicial contra el general Jaime Humberto Uscátegui, por su conducta omisiva frente a la masacre de Mapiripán (Meta) en julio de 1997. Como se recordará, paramilitares de las AUC incursionaron en este municipio durante 5 días y asesinaron a más de 40 personas. A Uscátegui, quien por entonces era el Comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio, se le acusa por omisión pues aunque, al parecer, se enteró de la incursión no realizó ninguna acción para evitarla. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión del General por 90 días por no prestar ayuda a una comisión integrada por la Fiscalía, la Procuraduría y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que fue atacada por paramilitares cuando iba a allanar la finca El Alcavarán en el municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) el 3 de octubre de 1997. A pesar de los permanentes llamados al Ejército por parte de la comisión judicial, los militares no actuaron permitiendo el asesinato de 13 investigadores de estas instancias. ATAQUES PARAMILITARES CONTRA COMUNIDADES DE PAZLuego de los ataques contra la acción de las ONGs nacionales e internacionales que apoyan la conformación de comunidades de paz para preparar el retorno y la reconstrucción de las vidas de miles de desplazados en la región de Urabá por parte de un grupo de ganaderos, empresarios bananeros y el Ejército (AC 260), paramilitares atacaron tanto la comunidad de San José (cuya trayectoria destacamos en la sección Perfil de nuestra anterior edición), así como a varias comunidades de paz conformadas por campesinos retornantes ubicadas a orillas o en cercanías del río Atrato, en el departamento del Chocó. En el corregimiento San José, municipio de Apartadó (Antioquia), paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron la noche del 4 de abril asesinaron tres miembros de la comunidad, entre ellos un menor de edad a quien degollaron. En el hecho tres pobladores más resultaron heridos. Dos días después, las AUC reivindicaron la autoría de la masacre acusando a la comunidad de ser «abiertamente manejada por la guerrilla» y anunciaron nuevos ataques contra las comunidades de paz. Efectivamente, el 7 de abril incursionaron en los asentamientos Villahermosa, Caño Seco, Clavellino y El Grito -ubicados en el municipio de Riosucio (Chocó) y que hacen parte de la Comunidad de Paz San Francisco de Asís-, y se llevaron consigo a 12 campesinos a quienes llamaron con lista en mano. En su incursión, los paramilitares destruyeron los proyectos ecoproductivos de las comunidades y le cortaron el cabello a algunos de los campesinos con machete. Ese mismo día también irrumpieron en el caserío Arenal (un poblado cerca de Villahermosa) donde asesinaron a dos personas (entre ellas un menor de tres años) e hirieron a otro menor. Los cuerpos mutilados de los desaparecidos fueron hallados durante los dos días siguientes en diferentes lugares de la región. Nuevamente, el terror se apoderó de los campesinos que temen nuevas acciones paramilitares. Un grupo de ellos se desplazó al casco urbano de Riosucio, donde en estos momentos se vive una emergencia humanitaria. Al cerrar esta edición, una misión de organismos multilaterales y ONG se desplazó a la zona para conocer la situación de los desplazados en Riosucio y de la población que permanece en los asentamientos. Así mismo, intentarán abogar por la libertad de siete campesinos que aún se encuentran en poder de los paramilitares. Estos hechos han sido rechazados tanto por la comunidad nacional e internacional, como por las ONG nacionales y la Iglesia Católica que han promovido la constitución de comunidades de paz en los asentamientos de retornantes en los márgenes del río Atrato. Los campesinos que habitan dichos asentamientos, hacen parte de los 5,000 desplazados que permanecieron durante más de un año en el campamento del corregimiento de Pavarandó (municipio de Mutatá, Antioquia). Víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 1998, según presuntos responsables AMENAZASACCU 2 DESAPARICIONESACCU 82 HOMICIDIOS FUERA DE COMBATEACCU 138 TORTURASACCU 21 Fuente : Banco de Datos CinepJusticia y Paz |
EU pone el dedo en la llaga de la crisis de los DH en Colombia. Destituidos dos militares comprometidos en investigaciones por paramilitarismo. Alerta por ataque de acotes armados a comunidades de paz. |
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DESCONGELAN DIÁLOGOSLa salida negociada al conflicto volvió a verse más cercana cuando la semana anterior (quince días antes de la reanudación de los acercamientos entre el Gobierno y las FARC prevista para el próximo 20 de abril), 17 congresistas, miembros de las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes y el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, se reunieron con miembros del Secretariado de dicha organización, entre los que se encontraba el propio Manuel Marulanda Vélez «Tirofijo», llevada a cabo en la hacienda Caquetania en la zona del Caguán. En esta reunión informal, Marulanda planteó su interés por adelantar un proyecto piloto de sustitución de cultivos ilícitos en Cartagena del Chairá, un municipio cercano al área de despeje y que debía sumarse a dicha zona. Así mismo, las FARC a pesar que la reunión sobre el tema del canje será el próximo 26 de abril insistieron a los congresistas en tramitar una ley en ese sentido, que permita la liberación de los militares y policías retenidos. Marulanda también pidió a los diferentes sectores sociales, políticos y económicos respaldo al Presidente Pastrana en el proceso de paz, lo que produjo una gran sorpresa de su auditorio y de varios sectores de la opinión pública. Igualmente «Tirofijo» aprovechó la oportunidad para manifestarle a los congresistas y al propio Ricardo que el próximo 20 de abril esperan recibir un informe sobre acciones contundentes en contra de los grupos paramilitares por parte del Gobierno, uno de los requisitos primordiales para seguir con el proceso de paz, según las Farc. De igual manera, prometieron entregar una nueva lista de militares comprometidos en casos de paramilitarismo. Un día después, el 9 de abril, el Secretariado (con la participación del mismo Marulanda) se reunió con el Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo, a quien le manifestó que en un término no mayor de 60 días se conocerá el resultado del juicio a los responsables del asesinato de los tres defensores de la comunidad indígena Uwa, hecho que fue calificado por el propio Marulanda como un gran error. Las FARC insistieron en que Jorge Briceño, «Grannobles», hermano del «Mono Jojoy» no está comprometido con estos hechos, y por el contrario, le dieron autonomía para adelantar el juicio a los culpables, entre ellos el comandante «Gildardo», quien aún no se conoce. Sin embargo, tanto para la Fiscalía General de la Nación como para los Estados Unidos es contundente la responsabilidad de «Grannobles» en el triple asesinato. Estos lamentables hechos generaron la decisión del Gobierno de Estados Unidos de romper cualquier tipo de contacto con las FARC, determinación que según las propias palabras de Marulanda no tiene ninguna importancia pues desde ahora tienen mayores acercamientos con la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, para adelantar la prueba piloto de sustitución de cultivos ilícitos. El interrogante se encuentra ahora en si este pronunciamiento se considera como un desafío de las FARC a los estadounidenses que -sumado a las presiones de algunos sectores que le apuestan al Plan B (el de la guerra)- abonaría el terreno para una futura intervención militar de fuerzas extranjeras en nuestro país. Frente a este caso, voceros del Cabildo Mayor de la comunidad indígena U´wa que han denunciado amenazas por parte de las FARC, manifestaron su deseo de entrevistarse con el Secretariado del grupo guerrillero. Al Defensor del Pueblo, Marulanda también le expresó que sin una ley de canje sería muy difícil la entrega de los militares y policías retenidos, y por ahora, sólo se comprometió con esta entidad estatal para recoger nuevas pruebas de supervivencia y abrió la posibilidad de una reunión del Secretariado con padres y madres de los retenidos. Ese mismo día, el 9 de abril, se conoció la decisión gubernamental de retirar a los dos altos mandos militares, determinación que se produjo 24 horas después de que las FARC insistieran en la necesidad de implementar acciones concretas contra los grupos paramilitares y miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con sus acciones. De inmediato la determinación de Pastrana fue interpretada por sectores derechistas como una concesión más a las FARC . Tales afirmaciones fueron desmentidas por el propio Ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda. PARAS AMENAZAN ZONA DE DISTENSIÓNJustamente cuando se reactivaron los acercamientos para los diálogos de paz y se lanzó ampliar el despeje si el Gobierno y las FARC se sientan permanentemente a dialogar, los paramilitares anunciaron que realizarán una gran ofensiva militar en la zona de distensión durante la primera semana de mayo, no sólo contra los guerrilleros sino contra los «auxiliadores». La advertencia, que se entiende como un saboteo al proceso de paz, fue realizada por «Santander Loaiza», segundo hombre al mando después de Carlos Castaño, quien manifestó que un grupo de 1,200 especializados se están entrenando en las selvas del Urabá chocoano para perpetrar la acción. Según Loaiza, las FARC se han aprovechado del área de distensión para crecer militarmente. NUEVOS ATAQUES DE LA GUERRILLA Y DUROS ENFRENTAMIENTOSPero si en el sur del país las FARC estaban promoviendo acercamientos, en otras zonas del país continuaron los ataques guerrilleros y los fuertes combates entre el Ejército y grupos insurgentes. El 5 de abril, guerrilleros de las FARC y del ELN se tomaron el municipio de San Francisco (Antioquia), dejaron cinco pobladores muertos y el pueblo semidestruido. En Carmen de Bolívar asesinaron a cinco personas. Por su parte, al norte del departamento del Cauca tres batallones del Ejército y tres frentes guerrilleros protagonizan hasta la hora del cierre de esta edición, fuertes combates que dejan decenas de muertos. Estos hechos han generado el desplazamiento de unas 250 familias atrapadas en medio del fuego cruzado, daños en cultivos, muerte de animales y destrucción de las redes eléctricas, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Voceros del Ejército negaron las denuncias indígenas y aseguraron que en la zona afectada no había pobladores civiles. |
Importantes pasos para reanudar conversaciones entre los voceros del Gobierno y de las FARC. Paramilitares anuncian ataques contra zona de distensión. |
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LA MANÍA DE CULPABILIZAR AL PASADOEl actual Gobierno avanza ya por el noveno mes de su gestión sin lograr aún salirle al paso a la crisis generalizada en la que se debate el país. Por el contrario, las cifras son reveladoras de una situación anómica que se profundiza en proporción directa a la desesperanza que invade el sentimiento de los colombianos frente a las posibilidades reales de paz, empleo y superación de la condición vergonzante en el ámbito internacional. El desempleo bordea el alarmante 16%, mientras los casos de desidia administrativa imponen costosos tributos al fisco nacional, la violencia se ensaña vilmente contra los más pobres de esta sociedad, el paramilitarismo da prueba de su vinculación con los poderosos, los demás actores del conflicto transgreden el derecho humanitario y las autoridades legítimamente constituidas -según la legalidad imperante- sólo observan con la estrechez de un espejo retrovisor a un país que desborda tal justificación y le exige acciones urgentes antes que inculpar a la historia. En efecto, nadie niega que muchos de los actuales problemas sean fruto de un largo proceso de consolidación y reestructuración del propio modelo y de la forma como la sociedad colombiana ha eludido sistemáticamente la discusión de temas neurálgicos, generadores de violencia, como la concentración de la propiedad y demás factores que de hecho impiden el desarrollo del sistema democrático consagrado institucionalmente. Pero también es cierto, que ello no puede ser la excusa para que el actual equipo gubernamental persista en equivocaciones manifiestas y se abstenga de actuar sobre temas centrales de la economía y del orden público, que ponen al pueblo colombiano en extrema penuria. Los casos de graves anomalías en la contratación de los servicios de las empresas Dragacol y Chambacú (en los que se hallan comprometidos los actuales ministros de Transporte y Desarrollo y que son objeto de álgida discusión por estos días en el Congreso Nacional), son ejemplos claros de la vinculación de funcionarios del Gobierno Pastrana en nuevos casos de corrupción. El espejo retrovisor como justificación llegó a su límite y es tiempo de que se actúe con decisión. Cuesta mucho entender que luego de casi un año del actual gobierno, se siga diciendo que las tragedias de hoy se explican por la mala gestión del anterior. Lo que se advierte es la ausencia de políticas claras en muchos temas que son impedimentos para avanzar por caminos ciertos de paz y respeto a los derechos humanos. Estos hechos han sido denunciados por ONG, intelectuales y algunas personalidades del país desde tiempo atrás, pero hoy adquieren especial fuerza por el consenso que han logrado. Así por ejemplo, es una exigencia ética y política para el Estado colombiano confrontar al proyecto paramilitar y eliminar la estructura institucional, operativa y jurídica que lo propicia, pues tal proyecto (que en principio puede ser funcional y eficaz a la lucha contrainsurgente), a mediano y largo plazo significa la deslegitimación absoluta del poder estatal y el deterioro de las condiciones generales de vida, además del fortalecimiento y expansión de las organizaciones armadas opositoras. La vigencia del Estado Social de Derecho, la superación de la impunidad y la protección de los derechos humanos -además de las garantías que deben brindarse a quienes los promueven en trabajos con personas y comunidades vulneradas-, son asuntos centrales en las recomendaciones que la comunidad internacional demanda del Gobierno colombiano y han sido históricamente los reclamos de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Ya es hora de que el actual Gobierno mire hacia adelante, pues de lo contrario avanzará presuroso y en reversa hacia lo que tanto aborrece al mirar a su antecesor. |
El Gobierno Pastrana no puede seguir señalando a su antecesor como el responsable de todos los males que lo aquejan |
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LOS TRABAJADORES NO SOMOS RESPONSABLES DE LA CRISIS ECONOMICALa negociación del pliego de peticiones de los trabajadores de Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), adelantada de manera conjunta por la Unión Sindical Obrera (USO), y la Asociación de Empleados de Ecopetrol (ADECO), se encuentra este año en graves aprietos. El presidente de la Empresa, el ex ministro Carlos Rodado Noriega en declaraciones públicas anunció que las demandas de los trabajadores petroleros le costarían al país unos 300 mil millones de pesos, es decir, casi tres veces las utilidades netas de la empresa el año pasado (unos US$200 mil). Sin embargo, voceros de los trabajadores aglutinados en las dos organizaciones sindicales no comparten este criterio, porque esa cifra incluye no sólo la nómina convencional (es decir, la que corresponde a las personas afiliadas a la USO), sino la de los directivos (que está en una relación de 2 a 1 respecto de los obreros). En primer lugar, ADECO y USO consideran que la forma en que la negociación se ha manejado por la empresa contradice la voluntad de los trabajadores de llegar a acuerdos rápidos en la mesa de diálogo. Para ADECO, una de sus metas es su reconocimiento de derechos sindicales, puesto que muchos de sus afiliados son personal administrativo de dirección y la empresa ha violado reiteradamente normas internacionales en la materia. Para la USO, el problema central es la presión gubernamental para que los trabajadores paguen la crisis económica por la que atraviesa el país y en consecuencia, sus justas demandas son vistas como desmesuradas. Se debe nivelar, pero no por lo bajo, recordaron los dirigentes sindicales, que redujeron la semana pasada sus aspiraciones de aumento salarial del 28 al 25 % y plantearon puntos claves para la Empresa, en momentos en que el precio internacional del petróleo atraviesa por un alza:
Finalmente, los trabajadores, que se habían retirado de la mesa de negociación el pasado jueves (ante la insistencia de la Empresa de presentar una propuesta epistolar, sin mucho margen de debate), esperan poder reanudar las negociaciones esta semana. Para ellos, se ha avanzado en el debate de política petrolera, a raíz del Foro Nacional convocado el 16 de febrero en Barrancabermeja. A él asistieron el Ministro y la Viceministra de Minas y Energía, el Jefe del Departamento del Departamento Nacional de Planeación, el Presidente de Ecopetrol, el de la Central Unitaria de Trabajadores, el ex candidato presidencial Horacio Serpa y los congresistas Hugo Serrano, Piedad Córdoba y C. Colmenares. En el evento se vivió tensa calma, cuando se descubrió un plan para asesinar al presidente de la USO, Hernando Hernández, pero finalmente el hecho pudo ser evitado. |
En graves aprietos la negociación entre los trabajadores petroleros y Ecopetrol. |
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LA EMERGENCIA
ECONÓMICA :
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Cómo ha manejado el Gobierno Pastrana la crisis del sector financiero. |
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